Entrevista a Juan Espadas, Consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía

Juan Espadas es licenciado en derecho, master en Gestión Política Medioambiental por la Universidad Carlos III y es considerado un experto en la Administración Pública, en especial, en temas medioambientales. Juan Espadas tomó posesión de su cargo el 21 de abril de 2008.

Por los datos que maneja su Consejería, ¿cuál es la situación actual y la previsión a medio plazo de la evolución del mercado de la vivienda en Andalucía?
Si bien la crisis global de la construcción está afectando a nuestra comunidad, hemos de señalar que esta situación ha encontrado al Gobierno andaluz trabajando y ocupado. La Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio tiene en marcha un Plan Concertado de Vivienda y Suelo que, para el período 2008-2012, prevé 132.000 actuaciones en materia de promoción de VPO, 135.000 en materia de rehabilitación y 40.000 en materia de suelo. La iniciativa privada ha respondido muy positivamente a este programa y hemos conseguido que en su primer año de ejecución se concedan más de 14.000 calificaciones provisionales para vivienda protegida, tanto en alquiler como en venta, en su mayor parte presentadas por promotores privados. Estudios recientes del Instituto Nacional de Estadística revelan, además, que nuestra comunidad lideró el año pasado la compraventa de VPO en toda España, con más de 11.000 transmisiones.

Pero desde la Junta de Andalucía queremos ir un paso más allá y por ello tenemos en tramitación una Ley de Derecho a la Vivienda, que regulará el derecho constitucional y estatutario a una vivienda digna y adecuada. Esta norma prevé la creación de registros municipales de demandantes de VPO y permitirá que los ciudadanos que cumplan los requisitos para acceder a una vivienda protegida puedan obtenerla sin necesidad de sorteos.

Dado que estamos viviendo un momento de ralentización de la actividad constructora muy importante, ¿cree que puede ser un buen momento para plantearse cuestiones sobre la calidad de la edificación que durante años se han dejado algo de lado?
La Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucia, en el marco de su Plan Concertado de Vivienda y Suelo y de su Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, viene también desarrollando una serie de acciones estratégicas para no sólo asegurar el cumplimiento de los objetivos propuestos en relación a la vivienda y suelo, sino también que la ordenación y la edificación se realicen de forma inteligente, con criterios de máxima eficiencia y sostenibilidad.

En este sentido, la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, EPSA, ha iniciado un proceso de adaptación de sus procedimientos constructivos, no sólo para cumplir el Código Técnico de la Edificación, sino para ir más allá. Para ello, se presentará en breves fechas el Programa Edificante, de Edificación Inteligente.

Podemos adelantar que el Programa Edificante contribuirá a la mejora de las condiciones de habitabilidad de las nuevas viviendas, revitalizando y recuperando el tejido urbano consolidado a través de la introducción de mejoras en el comportamiento térmico de la envolvente de los edificios, instalaciones, etc. Al mismo tiempo se generará empleo vinculado, puesto que, por cada 20.000 euros de inversión, se generará un empleo directo y otro indirecto.

Del mismo modo, hemos aprobado una nueva Orden que subvencionará con hasta 60.000 euros los proyectos de investigación que contribuyan a la mejora de la arquitectura y la vivienda en Andalucía y promuevan una mayor sostenibilidad. Se primarán aquellas iniciativas que tengan una aplicación práctica inmediata en nuestra comunidad.

El acceso a la vivienda sigue siendo un problema para un porcentaje considerable de la población, especialmente los jóvenes. ¿Qué se está haciendo en Andalucía para poner soluciones a esta situación?
Somos perfectamente conscientes de los problemas que han tenido los jóvenes para emanciparse en los últimos años, por la escasez de oferta de viviendas dignas a un precio asequible. Hemos de decir que los jóvenes son uno de los objetivos primordiales de las políticas de nuestra Consejería. Representan un 70 por ciento de los adjudicatarios de las nuevas VPO. Además, tenemos en marcha, en el marco de nuestro Plan Concertado de Vivienda y Suelo, programas específicos dirigidos a cubrir sus necesidades, como Vivienda Joven en Venta, que prevé VPO a un precio medio de 75.000 euros para los jóvenes de hasta 35 años; Opción de Compra Joven, con el acceso a la propiedad diferido, o los Alojamientos Protegidos para Universitarios. Las VPO de Régimen Especial que promueve nuestra Consejería tienen una reserva del 80 por ciento para personas de hasta 35 años. El Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 prevé también una ayuda de 1.200 euros a los adjudicatarios jóvenes de vivienda protegida que les permita hacer frente a los gastos inherentes de la hipoteca. Todo ello, sin contar que los jóvenes pueden beneficiarse, y de ello lo hacen, del resto de iniciativas que, tanto en materia de vivienda de nueva construcción como de rehabilitación y suelo tiene en marcha nuestra Consejería.

¿Se está llevando a cabo desde la Administración Regional alguna medida para ayudar al sector de la cerámica estructural?
En Andalucía, el sector de la cerámica tiene una importancia extraordinaria, con casi un centenar de empresas que emplean a 2.500 personas. Somos conscientes de que este sector se está viendo afectado por la reducción de actividad que sufre el sector inmobiliario a nivel nacional y estamos abiertos a estudiar fórmulas de colaboración. En este sentido, cabe destacar que el papel de las nuevas soluciones cerámicas para el cumplimiento del Código Técnico de la Edificación tiene objetivos coincidentes con las políticas de eficiencia y sostenibilidad que la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio está impulsando en la actualidad e implementará en un futuro inmediato.

¿Cree que el incremento de la actividad constructora de viviendas de protección oficial es una de las claves para superar la crisis y también para facilitar el acceso a la vivienda a los colectivos con mayores dificultades? ¿Qué previsiones en este sentido tienen en Andalucía?
Sin duda, esta situación de crisis obliga a un cambio de pensamiento. Debemos aprender del pasado reciente y apoyar la diversificación de nuestra actividad económica y el empleo que se deriva de la misma, de forma que la construcción de vivienda ocupe el papel que le corresponde dentro de nuestra estructura económica. La promoción de vivienda protegida es indispensable para atender la demanda, y así la tenemos prevista, con una importante apuesta que se va a traducir en 132.000 nuevas VPO a lo largo de la legislatura, pero no hay que olvidar el papel de la rehabilitación como motor también de reactivación del sector de la construcción y de creación de empleo de una forma, además, más sostenible. Por ello tenemos previstas 135.000 actuaciones de rehabilitación hasta 2012. En estos momentos difíciles, debemos tener en cuenta también que la generación de puestos de trabajo en la recuperación de edificios es muy destacable: por cada 20.000 euros de inversión en rehabilitación, se crean dos puestos de trabajo, uno directo y otro inducido.

Por último, desde el conocimiento de la situación actual y las previsiones de futuro que se manejan, ¿piensa que lo peor está por llegar o cree que 2009 marcará el inicio de la recuperación?
En Andalucía, debemos felicitarnos de que los sectores económicos han reaccionado positivamente al lanzamiento del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 y, según se desprende de los datos, se están creando las condiciones para que pueda empezar a producirse una reactivación del sector al conocerse las nuevas reglas del juego y la apuesta de la Administración por la vivienda protegida. La Junta de Andalucía ha sabido detectar la oportunidad que esta crisis nos brinda y está actuando en consecuencia. De que menos de una vivienda de cada 10 construidas en 2007 fuese protegida queremos pasar a cuatro de cada 10 en 2012. Con ello, cumpliremos un doble objetivo: ayudar al sector de la construcción y promover que los ciudadanos puedan acceder a una vivienda digna y asequible, tal y como se recoge en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.