Entrevista a Gabriel Álvarez, secretario general de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias)

El secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias repasa en esta entrevista las líneas maestras de la política de vivienda de nuestro país y apunta algunas de las medidas que se tomarán en relación con la desaceleración del mercado residencial.

¿Cómo se está trabajando desde la FEMP para lograr un gran pacto nacional que facilite el acceso a la vivienda?
Uno de los objetivos prioritarios de la FEMP en este mandato es dar respuesta a una de las primeras necesidades básicas de la población: la vivienda. Los ayuntamientos están dando pruebas de su grado de compromiso con la resolución de este problema y ya se han puesto en marcha para acometer medidas urgentes y eficaces. Desde la FEMP abogamos por una intensa colaboración entre todas las administraciones públicas que facilite el acceso a una vivienda digna a todos los ciudadanos, especialmente a los más desfavorecidos. 

En esta línea de trabajo, se han iniciado una serie de contactos con representantes de los distintos sectores implicados para intentar llegar a un gran pacto nacional en materia de vivienda, que integre a todas las administraciones públicas, a los promotores y constructores, a los sindicatos y la propia sociedad. En eso estamos ahora y, precisamente, esperamos cerrar próximamente una línea de colaboración con los promotores y constructores, a través de su asociación nacional, la APCE, así como con los dos sindicatos mayoritarios, UGT y Comisiones Obreras.

También debo recordar que, junto a todas estas iniciativas, la FEMP mantiene  una colaboración constante con el Ministerio de Vivienda, en varios frentes, entre los que destaca el convenio firmado con la SEPES para crear vivienda pública o el acuerdo para desarrollar acciones conjuntas de lucha contra el acoso inmobiliario, entre otros.

¿Qué cifra de VPO se baraja como la óptima para responder a las necesidades actuales de la sociedad española?
La cifra que se ha manejado en algún momento, siempre como estimación, es que los ayuntamientos podrían disponer en estos momentos de suelo público para hacer unas 200.000 viviendas anuales. Pero éste es un dato que hay que manejar con prudencia, porque intervienen muchas circunstancias y variables. Sí le puedo decir, no obstante, que los alcaldes y alcaldesas seguro que conocen las necesidades de vivienda en sus respectivos municipios.

¿En qué zonas de España se concentra el mayor déficit en vivienda social? ¿Dónde consideran prioritario actuar?
Yo creo que este es un problema general que afecta más o menos por igual a todas las zonas de España. No obstante, para avanzar en este proceso y fijar prioridades, primero hay que conocer qué capacidad tiene la Administración Central para subvencionar vivienda, porque, no olvidemos que para hacer vivienda pública es necesaria la subvención del Estado. Después, será necesario determinar el reparto territorial, de acuerdo con los responsables de cada comunidad autónoma, lo que podría hacerse por medio de un baremo, bien por habitantes, bien por renta per cápita o por necesidades.  A partir de ahí, los alcaldes serán los encargados de gestionar que estas viviendas se construyan.

Además de problemas para el acceso de la vivienda, la cuestión de la calidad y la sostenibilidad también es cada vez más importante. ¿Cómo está trabajando la FEMP para promover la calidad en la vivienda?
Desde hace varios años uno de los ejes de la actividad de la FEMP es el impulso de políticas que promuevan la edificación sostenible y la calidad de la edificación. En este