Hispalyt valora positivamente la nueva normativa de protección frente al ruido
La Asociación Española de Fabricantes de Ladrillos y Tejas (Hispalyt) valora positivamente la aprobación por parte del Consejo de Ministros del Documento Básico de Protección frente al Ruido (DB-HR). Esta nueva normativa, aprobada el pasado 19 de octubre, completa el paquete de medidas previstas en el Código Técnico de la Edificación, e introduce elementos novedosos sobre materiales y técnicas de construcción, con el objetivo de lograr edificios más libres de contaminación acústica.
Hispalyt, como representante de la industria de la cerámica estructural, ha manifestado en diversas ocasiones su convencimiento de que el aislamiento acústico es un elemento fundamental en la vivienda, y una de las principales demandas de los compradores, debido a que aporta calidad de vida. En los últimos años, la industria ha invertido numerosos recursos para mejorar la calidad y aumentar las prestaciones de estos materiales.
Como culminación de esta apuesta, los fabricantes agrupados en Hispalyt presentaron en la feria Construmat’07 la marca SILENSIS, que engloba los nuevos sistemas de construcción de paredes de ladrillo, completamente adaptados a las exigencias de la nueva normativa acústica. Básicamente, SILENSIS mejora la unión entre las paredes y forjados (suelo y techo), detectada como uno de los principales puntos de transmisión de sonido.
Un sistema constructivo de altas prestaciones acústicas
Las paredes construidas con el sistema SILENSIS logran resultados de aislamiento acústico in situ de entre 50 y 55 dB, que superan las exigencias de la nueva normativa, situados en 50 dB. El Documento Básico de Protección frente al Ruido (DB-HR) equipara los niveles de aislamiento al nivel del resto de países comunitarios, y extiende las nuevas exigencias a todos los elementos constructivos (tabiques, forjados, cubiertas y fachadas), y no solo al elemento de separación entre recintos, como sucedía hasta ahora.
La normativa se aplicará a los edificios nuevos, tanto destinados a viviendas, como de uso sanitario, docente, administrativo, sociocultural, etc. El ministerio estima que su entrada en vigor supondrá un incremento medio del coste de construcción de entre un 0,33 y un 0,75%.
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